El 28 de noviembre del 2024 el Instituto Argentina Grande publicó el documento de trabajo: “La trama corrupta del gobierno de Milei: Un Estado a medida de las corporaciones.” Entrevistamos a una de sus autoras, Natalia Torres.
Por Emiliano Bisaro
Natalia Torres es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y graduada de la Maestría en Políticas Públicas en la University College London. Participó en diferentes iniciativas de investigación y docencia en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Trabajó en Poder Ciudadano y en CIPPEC, donde lideró la promoción del acceso a la información pública. Como consultora, trabajó para la Organización de Estados Americanos, UNESCO, Instituto de Políticas de Derechos Humanos del Mercosur, entre otros. Fue Coordinadora de Políticas Públicas para la Mujer en el Municipio de Ushuaia y Directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción de Argentina. Actualmente se desempeña como Directora Provincial de Integridad y Transparencia del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Es parte del equipo del Instituto Argentina Grande.
¿Por qué afirman que el gobierno de Milei posee una trama de corrupción?
Hablamos de trama de corrupción porque durante el primer año de gobierno de Javier Milei identificamos la utilización de diferentes figuras y herramientas en la forma de gestionar que muestran un intento claro de eludir formas de control de la función pública y un relajamiento de los controles en la interacción entre actores privados y funcionarios. Consideramos que estas formas de escapar o relajar controles fueron instrumentadas para permitir la captura del Estado por parte de intereses privados. Todo el ordenamiento que describimos permitió a un grupo de empresas acceder a beneficios y privilegios extraordinarios. Claro que cuando lo describimos, el presidente de la Nación todavía no había promocionado la criptomoneda Libra ni se habían conocido los encuentros recaudatorios organizados por la hermana del presidente. Sin embargo, ese entramado donde el control de la función pública y la salvaguarda del interés general fue borrado es el que explica su ocurrencia después.
Uds mencionan que esta trama se constituye por viejas prácticas y otras muy novedosas. ¿Podés caracterizar aquellas que se arrastran y las particularidades que agrega Milei?
Hay algunas prácticas que componen la trama de corrupción que aparecen como continuidades. Los conflictos de interés, por ejemplo. Este es un aspecto que ya había sido descripto como característica saliente del gobierno de Mauricio Macri; hubo estudios muy robustos sobre el tema y hasta incluso fue resaltado en el informe de la OCDE sobre las debilidades de su gobierno en materia de integridad. Vale recordar que cuando se habla de conflicto de interés se refiere a una situación en donde la hechura o implementación de una política se ve invadida por la colisión entre la protección y persecución del interés público y la satisfacción de un interés particular. El gobierno de Javier Milei instaló los conflictos de intereses en el corazón de su armado y en la composición de su gabinete. En el informe detallamos una gran cantidad de situaciones en la que los funcionarios y funcionarias designadas se encuentran atravesados por estas situaciones de colisión. Solo por poner un ejemplo: El presidente de YPF, Horacio Marín, se desempeñó hasta noviembre de 2023 como presidente de Tecpetrol. Estuvo 35 años en la competencia de YPF, y ahora preside ésta junto con gran cantidad de funcionarios que hicieron el mismo recorrido. El conflicto de interés acá es total.
Si esta es una continuidad con situaciones anteriores, hay elementos más novedosos en la trama de corrupción como la utilización de los ¨funcionarios off-shore¨, personas que gestionan áreas estratégicas del Estado como si fueran ministros o secretarios, aunque no hayan sido nombrados como tales, o la alta designación de funcionarios ad honorem. Ambas situaciones pareciera que son constituidas como forma de eludir controles sobre la función pública. El caso más representativo de esto es la irregular situación de Santiago Caputo. Otra cuestión novedosa que instauró la trama de corrupción de Milei es la incidencia de intereses de empresas y particulares mediada por estudios jurídicos. La redacción del DNU 70/2023 y la Ley Bases son dos casos teñidos por la sospecha de la incidencia indebida de actores privados, reportando de este modo ganancias, privilegios, excepciones a empresas y grupos económicos.
Sin embargo, si estas novedades avanzaron y ganaron terreno fue porque ¨el control ha salido del grupo¨, como podría decir algún meme. La desregulación postulada por este gobierno ha sido acompañada por el desmantelamiento de organismos de control y la herida grave al derecho a saber mediante el DNU 780/2024.
¿Uds. señalan que el Gobierno de Milei genera las condiciones de un Estado capturado. ¿Por qué?
Porque la concurrencia de todos estos factores con la ausencia de control generan las condiciones ideales para que los intereses privados ¨se expresen¨ en el contenido de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación viene de OSDE no es de extrañar que la regulación de los precios de las prepagas desaparezca y que las empresas puedan ajustar las cuotas a su antojo, independientemente de lo que ocurra con la inflación, con su composición de costos y mucho menos con el poder adquisitivo de sus afiliados.
Volvamos a una frase del Presidente de la Nación enunciada en la UIA en septiembre de 2024: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”. Ajustar, desregular, desarmar el control, dejar que los conflictos de intereses colonicen la toma de decisiones es algo buscado en este gobierno para que algunos grupos económicos reciban beneficios extraordinarios. El Estado argentino hoy se encuentra capturado por estos intereses; frente a esto, poco importa la pobreza, la desigualdad o la exclusión.
Nos interesa que nos expliquen qué rol cumplen los funcionarios ad honorem, los funcionarios off shore, los estudios de los abogados y las consultoras en esta trama de corrupción.
El caso de los funcionarios off shore es realmente una novedad. Como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de funcionarios off shore nos referimos a personas que gestionan al Estado sin asumir la función pública. Santiago Caputo es un caso paradigmático. Figura como asesor, con un contrato de monotributista, típico del part time. Sin embargo se vincula con empresarios para definir negocios, con gobernadores por fondos públicos, con la SIDE para definir líneas de acción, y hasta incluso, en palabras de Milei en una entrevista en A24, revisa las actuaciones del Jefe de Gabinete de Ministros y actúa de último control antes de que el presidente ¨ponga el gancho¨.
Lo que se pretende es quitar responsabilidades propias del ejercicio del cargo público, como por ejemplo presentar declaraciones juradas patrimoniales o los mecanismos para evitar conflictos de interés. Se procura evadir las leyes anticorrupción y especialmente las vinculadas con el código penal.
La intención de quitar responsabilidades es similar a lo que ocurre con los funcionarios ad honorem. Entienden que de ese modo los liberan de ciertos controles e incluso eventuales sanciones pecuniarias. Pero el punto es, ¿de qué viven en realidad estas personas? ¿quién les provee de sus ingresos? ¿a quién responden realmente? Y aquí el descontrol y falta de información es total. Nada de esto se sabe, todo sucede en un ámbito de opacidad total porque los decretos de designación brindan pocas indicaciones sobre esto.
En relación al rol de los estudios de abogados de los grandes grupos económicos, como mencionamos, es claro que tuvieron y tienen incidencia en las reglas que van a regular a sus propios clientes. Esta incidencia no se da mediante el lobby en el Congreso o en oficinas públicas sino que directamente escriben decretos y proyectos de ley que son aprobados luego con mínimas modificaciones. Y eso debiera ser un escándalo, sobre todo respecto de aquellos estudios que lograron colocar a sus profesionales en oficinas públicas clave y sobre los cuales tienen total control.
Esto es una novedad, nunca se había visto de este modo: hablamos de una manera de gestionar al Estado al servicio de intereses privados. Por eso hablamos de captura del Estado.
¿Cómo se vincula esta trama de corrupción del gobierno de Milei con las políticas de desregulación del Ministerio de Sturzenegger?
Durante mucho tiempo el fenómeno de la corrupción se explicaba de manera exclusiva por la acción estatal, por el actuar de funcionarios y funcionarias que actuaban de manera discrecional para recibir beneficios. Ese paradigma fue puesto en cuestión. Hoy el fenómeno de la corrupción es explicado de una manera que muestra todas sus complejidades, pero en principio ya no se reduce a lo público: la corrupción ocurre en el sector público, en el sector privado y en la interacción entre ambos. El fenómeno de captura del Estado justamente alude a esa situación donde la decisión se coloniza por intereses privados.
Sin embargo, Strurzenegger vuelve a ese viejo paradigma: la corrupción se desarma si se saca al Estado del medio de cualquier actividad económica. Se desregula, argumentan, para evitar la corrupción.
Lo que es importante entender es que la desregulación no es neutral y viene también a aportar al desmantelamiento del control gubernamental sobre las actividades económicas. Se corre al Estado, a las regulaciones, para que cada quien en el sector privado haga el negocio a su gusto. Acá no hay nada desinteresado y lo que debería ser la protección del bien común en realidad es el de unos pocos. El retiro del control tiene el único objetivo de favorecer a privados y el lamentable efecto de desproteger a ciudadanos y ciudadanas, como puede ser la seguridad del transporte y el consumo de medicamentos, casos que analizamos en el documento.
Paradójicamente con lo explicado anteriormente, el gobierno de Milei sostiene un discurso en contra de la corrupción. ¿Por qué motivos?
La corrupción, en el discurso libertario, es la excusa. La excusa para recortar políticas públicas, para desinvertir, para privatizar, para desregular. En algunos casos, claro, encontró tierra fértil en cuanto a una percepción social sobre el tema. Para una parte muy importante de la sociedad, así lo reflejan las encuestas: la corrupción es una de las preocupaciones de las y los argentinos.
Sin embargo, las razones de esta ¨épica¨ obedecen a la generación de fuertes negocios sin el control del sector público, una fenomenal transferencia de riquezas y la destrucción del Estado como una instancia de administrador.
Lo que es importante entender es que gritar casta no compone una política de integridad; ir por los medios hablando de curros como forma de justificar un ajuste, tampoco. Decir que encontraron un caso de corrupción y después no denunciarlo, ni reformar el área, ni implementar una política que revierta riesgos muestra la utilización política del tema pero lejos está de la implementación de una política que prevenga la corrupción.
¿Su texto fue producido antes de los “asuntos” $Libra, Kueider, Ritondo y Karina. ¿Qué consideran que estos hechos le agregan a la perspectiva desarrollada en el documento?
Estos casos corrieron el velo, desnudaron una manera de ejercer el poder donde están completamente entrelazados intereses públicos y privados.
En relación al escándalo cripto, es importante distinguir aspectos. Si el presidente fue partícipe de una estafa o si él mismo fue beneficiario de ella, lo verá la justicia. Pero pensemos por un minuto que la estafa no hubiera existido. Incluso en ese contexto, el presidente de la Nación no podría haber utilizado recursos públicos para promover intereses privados. Y esto por las regulaciones de ética pública. El presidente dijo hace unos días que va ¨a full con la Ley de Ética Pública¨, y que va a proponer un nuevo texto. Debería empezar a respetar la ley de ética pública vigente, porque ese tuit fijado tuvo la intención de inclinar la balanza, de intervenir en el mercado para beneficiar a un grupo específico y esto va en contra de lo que establece la normativa.
Como sea, estos casos mostraron en poco tiempo todo lo que esconde el gobierno libertario, con un gran apoyo de medios de comunicación y grupos empresarios, ampliamente beneficiados: una gestión capturada para generar negocios y un desprecio total por las instituciones.
¿En este contexto cuál es el rol que deberían cumplir los organismos de control? ¿Cuál es el que efectivamente cumplen?
Estos organismos son clave para prevenir la corrupción. Desde ya también para investigar los casos que se identifiquen y que la justicia posteriormente establezca las sanciones que correspondan.
Sin embargo, por lo que conocemos de la realidad organizacional del control hoy la situación es preocupante. Reducción de personal, ausencia de política preventiva, parálisis en la resolución de los casos. Todas cosas que componen un escenario ideal para la discrecionalidad y el abuso de poder.
La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, fue devaluada en su rango depende hoy del Ministerio de Justicia y está diezmada en su personal: valiosos profesionales han renunciado mientras otros tuvieron importantes recortes de su sueldo. La lógica de cuanto menos Estado mejor implica también vaciar a los organismos de control. Es precisamente lo que estamos viendo, y así están dadas las condiciones para que se acumulen los hechos de corrupción.