Por Ariel Lieutier, María Monza y Nicolás Segal
A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, cuando en 2020 el COVID-19 golpeó a la Argentina su economía ya se encontraba en retroceso desde hacía dos años. La crisis del modelo de endeudamiento y desregulación del sector externo había provocado un cuadro recesivo que luego el COVID-19 profundizó.
En este contexto adverso, la posibilidad de retomar un sendero de crecimiento impulsado por la demanda se enfrenta aun dilema. Es necesario que el salario real se recupere para permitir la reactivación del producto, pero esta mejora debería ocurrir bajo una dinámica que no comprometa la aún delicada estabilidad macroeconómica, amenazada por la aceleración inflacionaria, por las exigencias de financiamiento del resultado fiscal y por la presión estructural a la que se enfrentan las reservas del BCRA. (Descargá acá el documento completo)
Los objetivos múltiples de la política económica parecen difíciles de compatibilizar y frente a esta situación se acrecientan los interrogantes respecto a las posibilidades de la economía argentina.
Nuestro país tiene una larga historia de elevadas tasas de inflación e incluso episodios de hiperinflación a finales de la década de los ´80 y principios de los ´90 del siglo pasado.
Actualmente acumula más de 15 años con dos dígitos de inflación anual, con una preocupante tendencia a su aceleración desde 2018, sólo interrumpida durante el primer año de la pandemia. Por este motivo, no sorprende que los diagnósticos y propuestas sobre este tema tiendan a divergir.
Bajo nuestra mirada, a partir de una perspectiva histórica, se comprende que la elevada nominalidad (y más en general la inestabilidad macro) tiene su raíz en una ruptura de los consensos distributivos que lleva más de cuatro décadas.
En cada coyuntura, la ausencia de acuerdos distributivos ha adoptado una configuración específica, en respuesta a diferentes particularidades históricas de la política económica. Sin embargo, el quiebre en los consensos queda de manifiesto en una trayectoria de alta volatilidad en el poder adquisitivo de los salarios.
El reverso de esta situación es una tensión permanente sobre el sector externo, ya que los únicos períodos de reducción de la inflación (y de suba de los salarios reales) corresponden a procesos de apreciación cambiaria. En la situación actual, el margen de divisas que deja el balance cambiario hace poco sostenible un escenario de desinflación rápida con ancla cambiaria.
Pero la experiencia reciente también muestra que la utilización de los salarios como ancla nominal, con sus perjudiciales efectos en términos distributivos y en las condiciones de vida, tampoco ha sido efectiva
para desacelerar la inflación. Idéntica reflexión vale a los intentos de controlarla mediante una administración extremadamente restrictiva de la política monetaria.
Es evidente que los desequilibrios macroeconómicos que arrastra nuestra economía requieren de un conjunto articulado de medidas que permitan abordar las diferentes aristas del problema. En cambio, resulta menos claro cuál es ese conjunto de políticas.
En el presente artículo nos interesa sostener que la lógica de regulación del mercado de trabajo puede
desempeñar un rol positivo en la superación de dichos desequilibrios. Esta discusión parte de la premisa de no tomar la parte por el todo, es decir, que la política hacia el mercado de trabajo debe enmarcarse en un conjunto más amplio de políticas macroeconómicas.
El objetivo de este trabajo es hacer un llamado a la reflexión sobre la potencialidad de la política de ingresos como instrumento de política económica, la cual pretende contribuir a conciliar los objetivos de crecimiento y estabilidad mediante la coordinación de precios y salarios. Esto requiere un aceitado ejercicio de acoplamiento nominal, que permita conciliar objetivos muchas veces contrapuestos (Lieutier, 2021):
a. Propiciar el incremento de salarios nominales para sostener la demanda agregada.
b. Intervenir sobre la nominalidad de la economía.
c. Contribuir a la administración de la restricción externa.
La coordinación debe darse en dos planos diferenciados. Por un lado, las negociaciones
salariales deben tener una menor dispersión entre sí, para que la variación del salario promedio sea consistente con las variaciones de los diferentes salarios sectoriales. A su vez,
estas variaciones deberían estar en línea con el resto de las variables macroeconómicas
relevantes.
Vale aclarar que lo anterior es diferente a la estrategia de utilizar las paritarias como ancla nominal. Por ejemplo, en 2018 (y, en menor medida, en 2019) hubo una presión muy fuerte sobre las paritarias para contener los incrementos salariales, pero su evolución estuvo desacoplada del resto de las variables macro. El resultado fue una caída muy fuerte del poder adquisitivo.
Algo similar puede decirse del 2021. La mayoría de las negociaciones colectivas de principio de año acordaron aumentos en línea con el objetivo inflacionario del presupuesto, pero la aceleración nominal provocó reaperturas generalizadas de paritarias hacia mediados de año.
Por ello, la discusión no es qué nominalidad debería desacelerarse primero, si los precios o
los salarios, sino que ambos elementos deben ser parte de una misma estrategia, contemplando los mecanismos de ajustes que deban ser activados en caso de desvíos con respecto a cualquiera de las pautas objetivo.
Como veremos, la complejidad de esta tarea no es menor, sobre todo en el caso argentino. La coordinación de precios y salarios no puede cargar, bajo ninguna circunstancia, con todo el peso de la estabilización, y menos bajo la actual configuración macroeconómica, en la que no se presentan elementos para una desaceleración inflacionaria. Sin embargo, es importante destacar que la coordinación de precios y salarios resulta necesaria para que el nivel de precios se mantenga dentro del corredor planteado por la política cambiaria y monetaria. Más decisivo aún, en ausencia de una estrategia que persiga estos objetivos y dada la actual configuración macroeconómica, se advierte que existen elementos que tenderán a exacerbar la carrera nominal, generando dinámicas que hacen que los resultados sean los peores equilibrios sociales.
En definitiva, la política de ingresos es una herramienta necesaria, pero no suficiente, para contribuir a que la economía se encauce hacia los “equilibrios buenos” de acuerdos salariales con menor nominalidad, menor inflación y crecimiento del salario real. En ausencia de una estrategia que procure dicha articulación, la economía gravitará hacia los “equilibrios malos”, de acuerdos con mayor nominalidad y caída del salario real.
Para sostener este argumento, este documento se organiza en cinco secciones. Luego de esta introducción, se presenta un segundo apartado con una síntesis de las principales visiones
teóricas sobre el salario y la política de ingresos. A continuación, en la tercera sección se discute el aporte de la coordinación nominal a partir de los esquemas de decisiones de los sindicatos y el gobierno. La cuarta sección presenta un repaso por la trayectoria nominal y de ingresos durante el período reciente de post convertibilidad. Por último, se recogen las conclusiones del trabajo.