¿Por qué la nueva licitación de residuos secos de la Ciudad es una amenaza para las cooperativas cartoneras y el sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires? Un análisis sobre los pliegos técnicos que van a estructurar la próxima licitación del servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos secos.
Por Santiago Fernández Galeano
Responsable del área ambiental de la Fundación Germán Abdala
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó, a través de la Resolución N° 53/SECH/26, los pliegos técnicos que van a estructurar la próxima licitación del servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos secos. Detrás del anuncio administrativo hay una definición política de fondo: por primera vez desde que el sistema se formalizó, el reciclado porteño deja de ser terreno reservado casi con exclusividad a las cooperativas de recuperadores urbanos para convertirse en un negocio abierto a la competencia de empresas privadas.
Un modelo que costó 20 años construir
El circuito de separación domiciliaria, traslado, clasificación y comercialización en Centros Verdes que hoy conocemos no fue una concesión graciosa del Estado porteño. Se construyó a partir de la lucha de miles de cartoneras y cartoneros que, desde la crisis de 2001, transformaron una changa de supervivencia en trabajo organizado. En 2002 el sector fue integrado al Servicio Público de Higiene Urbana a través de la Ley 992, pionera en materia ambiental y social para el continente. En 2013, las 12 cooperativas -que actualmente nuclean a más de 7000 recuperadores urbanos- firmaron contratos que las reconocieron formalmente como las encargadas exclusivas de recolectar y procesar el material reciclable de la Ciudad. Ese reconocimiento no resolvió todas las precariedades del sector, pero fijó un piso fundamental: la gestión de los residuos secos era, ante todo, una política de inclusión social y de generación de trabajo y no un negocio para los mismos de siempre.
Qué cambia con el nuevo pliego
El nuevo esquema divide a la Ciudad en seis zonas operativas vinculadas a nueve centros de reciclado estatales, exige GPS y telemetría en tiempo real en toda la flota, fija un tope de descarte del 20% mensual y habilita a cualquier empresa -no ya únicamente a una cooperativa- a presentarse por cada zona. El pliego garantiza que solo una de las seis zonas sea preadjudicada a una cooperativa en igualdad de condiciones, y ofrece puntaje adicional a las empresas que incorporen un 30% o más de personal proveniente de cooperativas de recuperadores. Es decir: la inclusión cooperativa pasa de ser la regla del sistema a ser, en el mejor de los casos, un bono en la grilla de puntaje de una empresa privada.
A su vez, quién se adjudique una zona recibe del Estado de la Ciudad los centros de reciclado y una dotación inicial de camiones, y conserva la facultad plena de comercializar todo el material recuperado, con libertad de precios y compradores. Entonces, las empresas tendrían el canon que pagaría el Gobierno, del cual aún se desconoce el monto real, y sumarían además la rentabilidad de vender cartón, papel, plástico y metales a gran escala. El problema central es la desigualdad estructural en la capacidad del capital inicial que tienen las posibles empresas que podrían hacerse de la licitación y las cooperativas de cartoneros.
El riesgo no es hipotético
El propio pliego, según el análisis técnico realizado sobre su articulado, traslada al adjudicatario todos los costos operativos -combustible, mantenimiento, seguros, cargas sociales- y establece que bajo ningún concepto habrá derecho a reclamo si varía el volumen o la composición de los residuos recolectados. A la vez, reconoce que buena parte de la infraestructura que se entrega en comodato está en estado deficiente, con centros que tienen riesgos eléctricos, estructurales o líneas de clasificación fuera de servicio.
Ese combo -alta exigencia de capital de trabajo, riesgo operativo trasladado íntegramente al privado e infraestructura deteriorada- funciona como una barrera de entrada que deja afuera de la carrera a las presentes prestatarias del servicio y allana el camino a jugadores empresariales de mayor escala, los mismos grupos que históricamente disputaron el negocio de los residuos en la Ciudad.
Este nuevo intento de privatización no aparece de la nada. Es producto de años de desinversión planificada y de ataque sistemático para construir el argumento de que el sistema no funciona. Ya en julio de 2025, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) reveló que el Gobierno porteño había dejado de costear el traslado de recuperadores urbanos que viven en el Conurbano y que sostienen buena parte del sistema, una medida que derivó en movilizaciones y una huelga de hambre de su presidente frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Por otro lado, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) de Capital Federal a través Alejandro Gianni, secretario de Ambiente de la seccional, viene denunciando la falta de respuestas frente a reclamos cotidianos por faltas del ente estatal a cargo de la política de reciclado en el distrito.
Que la nueva licitación se presente como un esquema técnicamente ambicioso -con GPS, tolerancias de descarte y prestaciones obligatorias- sin hacerse cargo de las problemáticas abiertas como la baja del precio del material y las condiciones de trabajo de las personas que garantizan que miles de toneladas anuales no terminen en los rellenos sanitarios, no es un detalle menor. Es la misma lógica de desfinanciamiento y desgaste con la intención de que el sistema cooperativo llegue debilitado a la licitación y eso facilite que gane quién tiene más capital para invertir.
Qué está en juego
No se trata solo de quién factura la venta de cartón y plástico en Buenos Aires. Se trata de que el reciclado porteño siga siendo una política pública que reconoce el trabajo y prioriza la experiencia de años de tarea cotidiana en la calle, en la logística, en los Centros Verdes y en la comercialización. Si el Gobierno de la Ciudad invirtiera lo que supuestamente está dispuesto a desembolsar en concepto de un canon millonario para atraer a empresas, en mejorar el sistema existente, las cooperativas demostrarían con creces que pueden brindar un servicio socialmente eficiente, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.
Sin embargo, si el pliego de residuos sólidos secos pasa a ser un servicio tercerizado más, medido en toneladas y en puntaje de auditoría digital, donde la centralidad del recuperador urbano queda reducida a una casilla de puntaje adicional, veríamos como algo que funciona se desarma sólo basado en una postura ideológica.
La experiencia de otras privatizaciones de servicios urbanos en la Ciudad -y en el país- muestra que una vez que el criterio de adjudicación deja de ser el trabajo organizado y pasa a ser la lógica financiera, el retroceso en las condiciones de laborales y en materia ambiental no tarda en llegar. Recordemos todas las privatizaciones que fueron un fracaso rotundo durante los 90 y los inicios del 2000.
La propuesta de nuevo pliego está en este momento en instancia de consulta pública, abierta por diez días hábiles bajo la Ley 2.095. Es una ventana breve, pero real, para que las cooperativas cartoneras, las organizaciones sindicales y sociales que las acompañan, y la ciudadanía que valora el trabajo que sostiene el circuito de reciclado, exijan que el ejecutivo porteño constituya una mesa de diálogo genuina para resolver la situación. La discusión de fondo no debería ser cuántas zonas se les garantizan a las cooperativas en la letra chica de un pliego, sino si la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a desandar dos décadas de un modelo que, con todas sus limitaciones, demostró que la inclusión social y la gestión eficiente de los residuos reciclables no son incompatibles.