En 2016 el macrismo promovió la creación de un centro de detención para migrantes irregulares. Un conjunto de organizaciones presentó un amparo colectivo, que fue acompañado por movilizaciones y un Paro Migrante, y logró frenarlo. Tras cuatro años de litigio la justicia rechazó el amparo y condenó a las organizaciones a pagar las costas del proceso en un intento de disciplinamiento y castigo a quienes luchan en defensa de los derechos de las personas migrantes.
Por Joaquín Monge, integrante del colectivo «Migrantes x migrantes»
Foto: Mariana Greif (CELS)
Año 2010. Mauricio Macri iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño y ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria: tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”.
Año 2016. El ejecutivo nacional, gobernado por el macrismo, firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes de latinoamérica con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Para disimular, la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado: “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”. El predio cedido era un edificio del barrio de Pompeya, propiedad del Consejo de la Magistratura.
Ese año (aún sin el Decreto 70/2017 que desnaturalizó la Ley de Migraciones) se superaron las 2500 expulsiones, una cifra que venía en aumento desde 2013 (931). Si hubiese existido esa cárcel, esas 2500 personas hubiesen sido privadas de su libertad de modo preventivo hasta que la Justicia Federal se expidiera de forma definitiva sobre sus recursos.
En otros países con gobiernos de derecha como los Estados Unidos, modelo para Juntos por el Cambio, los centros de detención son lugares hechos para destruir el espíritu y la vida de personas que ni siquiera deberían estar detenidas. Han trascendido numerosas situaciones críticas, intentos de suicidio, falta de atención médica, explotación laboral y malos tratos y castigos en aislamiento, además del gravísimo encierro de niños, niñas y adolescentes.
Algo similar ocurre en Europa, donde cada vez se destina más presupuesto a los dispositivos de encierro, control y represión de la población migrante, que en buena medida vienen importados desde EEUU.
Amparo y movilización
Después de la firma del convenio para la creación del centro de detención de migrantes, un conjunto de organizaciones presentó un amparo colectivo en el ámbito de la Ciudad, ya que el predio cedido carecía, entre otras cosas, de la aprobación de la Legislatura porteña y de un análisis de impacto ambiental.
Entre algunos de los argumentos, se cuestionaba el retroceso en materia de derechos, el fomento de la discriminación y la vulneración y restricción ambulatoria para personas migrantes, entendiendo que una mera infracción administrativa (como es la irregularidad migratoria) no puede conllevar una detención. Todo este proceso fue acompañado por numerosas comunidades y organizaciones de migrantes, también por movilizaciones por el derecho a migrar y hasta por un Paro Migrante.
El Comité de las Naciones Unidas para los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares señaló en su momento que la Dirección Nacional de Migraciones no respetaba el debido proceso al tramitar las expulsiones. Así, recomendó que el Estado “Vele porque, antes de emitir órdenes de expulsión, los trabajadores migratorios que no pueden probar su ingreso legal tengan tiempo suficiente para solicitar la residencia sobre la base de todas las circunstancias pertinentes, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de migraciones”.
No fue la única medida llevada adelante por el gobierno macrista contra la población migrante. Su política decididamente implicaba la vuelta a los principios de la ley Videla de 1981 que estigmatizaba al inmigrante irregular asociándolo a la delincuencia y lo privaba de derechos. En el 2017 el gobierno firmó el DNU (recientemente derogado) e intentó lanzar una APP para que agentes de seguridad y funcionarios públicos de la salud y la educación realizaran un control migratorio masivo, sistemático y arbitrario para alertar la irregularidad migratoria de una persona.
El regreso a un Estado de Derecho
El 5 de marzo de éste 2021, con la firma de Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, se derogó el DNU 70/2017 dejando sin efecto los cambios que la gestión anterior realizó sobre la ley migratoria por considerarlos “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de derogar esta normativa responde al constante reclamo que se ha realizado desde los colectivos de personas migrantes y desde la sociedad civil y a los múltiples llamados de atención que ha recibido el Estado argentino de parte de organismos internacionales para que la política migratoria vuelva a ser respetuosa de los estándares de derechos humanos sobre los cuales deben regirse los procesos migratorios según el ordenamiento jurídico del país.
El litigio sobre la cárcel migrante duró casi los cuatro años que el macrismo estuvo en el poder. Si bien el amparo colectivo fue rechazado por la Justicia, logró su objetivo: frenar definitivamente la creación del lugar de encierro.
Al rechazo del amparo, la Cámara Federal sumó la condena en costas contra las organizaciones que habían promovido la acción, en lo que entendemos se suscribe en un modo de disciplinamiento y castigo hacia quienes luchan para que las personas migrantes no vean vulnerados sus derechos.
Esa condena en costas, solicitada por el Gobierno de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, pone en situación de alerta y emergencia a las comunidades y organizaciones migrantes y se inscribe en un marco general de violencia fomentada por parte del macrismo, en su momento a nivel nacional y hoy a nivel local.
Durante esos cuatro años hemos batallado contra la discriminación macrista, hemos sido testigos de expulsiones injustificadas de personas migrantes, separaciones familiares, y vulneraciones del debido proceso que ocasionaron una situación migratoria preocupante en el país, y hemos denunciado la violencia institucional y el intento de construir una cárcel, por lo que ahora, ya sin cárcel y sin DNU, una cuenta pendiente es avanzar con una regularización migratoria efectiva para todas las comunidades que habitan la Argentina.