Julio César Neffa es Licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Sociales del Trabajo. Es Investigador Superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), en el Programa Trabajo y Empleo Urbanos y Profesor de la Universidad de Buenos Aires y en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, del Nordeste y de Moreno. Desde una mirada integral, reflexiona aquí acerca de los desafíos que se aproximan en el mundo del trabajo.
Frente a la necesidad de generar empleo registrado y disminuir el fraude laboral, por un lado, y por el otro, considerando la automatización de las tareas y la brecha creciente entre los empleos de calidad y los que no, ¿cuáles cree que son los principales desafíos de las relaciones laborales del siglo XXI?
Para mí, lo importante es que se adopte a nivel del Estado una política de empleo, pero una política de empleo no puede estar basada solamente en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede dictar normas, formular políticas y hacer inspección, pero no tiene los recursos para implementar una política de empleo porque eso implica, en primer lugar, destinar inversión. Es decir, para generar nuevos puestos de trabajo se requiere que en algún momento dado haya una inversión para generar nuevas empresas; comprar más máquinas y herramientas y eso es un problema que está muy vinculado con la política de crédito que no maneja el Ministerio de Trabajo. En esa política se tendría que dar prioridad, en un primer momento, a las actividades que son trabajo intensivo. Es decir, las que pueden lograr incrementos en la producción y productividad con poca dotación de capital, porque actualmente en Argentina la dotación de capital es muy débil y la tasa de inversión sigue siendo tan baja que no creo que alcance para la amortización de los medios de producción: estamos en un problema bastante complicado debido al estancamiento de la economía argentina que viene ya desde el año 2011, aproximadamente. Es necesaria una política de estado que atraviese los gobiernos, porque esto es un problema de tipo estructural y requiere que se modernice y amplíe el servicio público de empleo. Básicamente se han creado como seiscientos y pico de servicios municipales de empleo, es un gran avance, pero se requiere coordinarlos entre ellos, crear bases de datos y sobre todo que se intensifique la búsqueda activa en el mercado de trabajo de cuáles son los puestos que se necesitan. Hasta ahora, el acento se ha puesto en la oferta de los puestos de trabajo: dar información, orientar hacia actividades de formación profesional, pero el problema a atacar está del lado de la demanda. Si no se genera una creciente demanda de puestos de trabajo, el desempleo no va a disminuir. Entonces, esto tendría que estar vinculado también con una política de formación profesional, que ya desde la época de Menem se provincializó y eso produjo un gran deterioro. Por otra parte, habría que pensar en esa política de empleo, qué actividades el país va a desarrollar en los próximos años y es en función de eso que hay que montar el sistema de formación profesional. Esto implica que se deba formular e implementar un plan nacional de desarrollo. Por razones que no vamos a dilucidar en esta entrevista, Argentina no tiene un plan Nacional de desarrollo desde el adoptado en el año 1973. De modo que, desde la época en que Argentina entra en el modo de desarrollo neoliberal, no tenemos planificación económica y cuando no hay planificación económica es el mercado el que promueve la toma de decisiones. Me parece que se requieren estos complementos de alguna manera. Yo diría que tal vez, algo que se menciona como una demanda urgente, pero las acciones son siempre muy débiles, es el déficit tremendo que Argentina tiene en materia de vivienda. Creo que se han censado 4.500 villas de emergencias en donde la gente vive en condiciones muy penosas, sin acceso a todos los servicios públicos, sin tener una vivienda digna. Entonces, es necesario tener una política masiva de viviendas dignas diseñada con arquitectos y urbanistas, con dimensiones que puedan ser ampliables cuando se agranda la familia, con una política de urbanismo y acondicionamiento del territorio. Viviendas populares con acceso a los servicios públicos, a medios de transporte, y a la conectividad.
El uso de la tecnología permite un aumento de la productividad y las ganancias, ¿le parece razonable acompañar esto con un planteo de reducción de la jornada laboral? Obviamente, sin pérdida de derechos, ni bajas de salario.
Pienso que es un tema central, y varios compañeros de ATE han puesto en el tapete esta problemática. Lo que digo sencillamente es que, si uno hace una revisión histórica de los últimos tres siglos, la productividad de las empresas se ha multiplicado más o menos por 10 pero la duración de la jornada se dividió solamente por 2. Es decir, que antes se trabajaban 12 , 14 horas y en la actualidad la duración máxima legal es de 8 horas diarias pero en el largo plazo la productividad ha crecido mucho. De modo que ese aumento de la productividad lo aprovecharon los empresarios; ya sea con más dotación de capital, nuevas tecnologías, etc., pero la duración de la jornada se ha reducido muy poco. Luego de su creación, la OIT adoptó el Convenio Internacional del Trabajo Nº 1, sobre la duración máxima legal de trabajo, que tal vez se podría revisar. Este es un debate urgente, pero obviamente una fuerte reducción de la duración de la jornada legal no se puede implementar de golpe. Se requieren estudios previos, tiene que ser progresiva y, obviamente, como el incremento de la productividad ha sido tan grande, no puede implicar una reducción de salarios y de protección social. Pienso que tenemos que seguir la experiencia de los países europeos, donde progresivamente la reducción de la jornada de trabajo se produjo y siempre hubo una necesidad de negociar de manera colectiva esa reducción, porque eso va a tener que implicar una cierta flexibilidad para acondicionar la jornada de los que van a trabajar menos horas. De modo que, simplificando, algunos van a tener que entrar más temprano y otros van a tener que salir más tarde. Necesariamente va a haber una modificación de la jornada de trabajo para que las empresas sigan funcionando porque tenemos que armonizar esas dos cosas. Para mí, eso es un debate que habría que prepararlo muy bien, no es una simple ley que lo va a arreglar. Eso requiere una planificación y negociación colectiva con participación de los sindicatos.
¿Cree que tenga efectos positivos sobre la salud de los trabajadores?
Entiendo que se refieren a los procesos del trabajo, la división del trabajo y la duración de la jornada. El problema es que, por las investigaciones que hemos hecho, el trabajo se ha intensificado mucho desde la crisis del capitalismo de los años 70. Es decir, tal vez no ha aumentado la duración del trabajo porque hay límites, pero han aumentado las horas extras, hay pluriempleo y muchas veces algunos trabajadores hacen más horas de las que corresponden y no siempre se las pagan, porque está el miedo al desempleo. De modo que, me parece a mí, esta problemática es muy acuciante pero se requiere programar y estudiar cuáles son las alternativas, porque se intensificó el trabajo. El problema no es solamente la duración, el problema son los riesgos del trabajo, porque se puede reducir la duración de la jornada pero intensificarla y los trabajadores salen más fatigados aunque la duración de la jornada sea más corta. Por ejemplo, en el caso de los trabajos en los call center, en muchos de ellos, los y las jóvenes sobre todo los pasantes trabajan 4 horas, pero la intensidad es tan grande que entre dos llamadas no siempre tienen un minuto de descanso y quedan agotados. El problema entonces no es sólo la duración, es la intensidad del trabajo y eso tiene que ser objeto de negociación por parte de las organizaciones sindicales.
Muchas veces se habla de reducir las horas, pero no se contempla la posibilidad de que las personas se exijan aún más para cumplir los objetivos en menos tiempo.
Ese es el problema, pero eso es algo que no lo va hacer el mercado. Es decir, eso requiere una política y es uno de los temas en lo que creo que los sindicatos se han quedado atrasados. No discuten estas cosas y eso tiene un impacto directo sobre la salud, pero no solo de la salud física; sino también sobre la salud psíquica y mental. La intensidad del trabajo genera riesgos, además, de la carga física que experimentamos en nuestro cuerpo. Ahora el trabajo se ha intensificado y encima se usan las nuevas tecnologías. El trabajo es más intenso y requiere en algunos casos, desde el punto de vista de la carga física, un esfuerzo mayor; pero sobre todo los trabajadores tienen que involucrarse psíquica y mentalmente, y eso genera riesgos que puedan dar lugar a varias enfermedades. Por ejemplo: el burnout y las depresiones, que son cada vez más frecuentes en la Argentina, pero que la legislación acá todavía no las considera relacionadas con la salud de los trabajadores. De modo que se piensa que es un problema psicológico pero no encuentran la relación que hay entre el trabajo y la salud psíquica y mental. Estamos bastante atrasados en Argentina en la materia y, estamos muy atrás de algunos países latinoamericanos que no son revolucionarios ni nada por el estilo. Chile, Colombia y México ya adaptaron su legislación y toman en cuenta los riesgos psicosociales en el trabajo, la problemática del estrés y la vinculan con el trabajo. Pero en Argentina las ART ponen el acento más en la reparación económica de los daños que en su prevención. Y la Ley de Higiene y Seguridad en Argentina se adoptó durante un gobierno militar, en 1972, pasaron los gobiernos y no se la reformó para actualizarla. La Ley de Riesgos de Trabajo es de la época de Menem y si bien se estatizaron las AFJP las compañías de seguros que se ocupan de las ART siguen funcionando. Es decir, la prevención de la salud de los trabajadores quedó en manos del mercado. No hay conciencia de todo el impacto que tiene el trabajo sobre la salud y eso es un drama.
Con relación al teletrabajo y su reglamentación, ¿ve viable que la modalidad de teletrabajo se extienda post pandemia, incluso que sea la nueva normalidad?
Yo creo que progresivamente los países del mundo están saliendo de la época más dura de la pandemia, pero la pandemia no terminó. Vamos a tener que habituarnos a que vamos a coexistir con ese virus, y tener que vacunarse todos los años contra el COVID o contra las nuevas variantes que aparecen. Ahora estamos frente a dos procesos de trabajo que se fortalecieron gracias a la pandemia: el teletrabajo y las economías de plataforma. Es decir, eso antes no era tan fuerte en Argentina (como país semi industrializado pero dependiente) pero por necesidad el teletrabajo se desarrolló y hubo que dictar una norma en el año 2020. Era oportuno que esa ley se dictara -todavía tiene algunos problemas y falta reglamentar varios de los artículos- pero cuando se normalice progresivamente la situación, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, creo que no se va a volver totalmente a la situación previa a la pandemia y que el teletrabajo va a seguir existiendo. Vamos a llegar a un régimen de tipo mixto o híbrido. Está claro que no es necesario viajar 2 horas de ida y 2 de vuelta, estar fuera de la casa durante 10/12 horas para trabajar. Con el uso de las nuevas tecnologías, la presencia física es menos indispensable que en el pasado pero seguramente va haber necesidad de que se establezca cierta segmentación y dar prioridad a las personas con responsabilidades familiares y que tengan a su cargo las tareas de cuidado, las personas con discapacidad. La ley no dice una palabra del sector público, la ley es para el sector privado. En el sector público sería mucho más fácil implementar un sistema mixto, híbrido, para lo cual habría que ampliar la infraestructura informática, mejorar la conectividad, digitalizar los expedientes y con ello los ciudadanos ganarían muchas horas al no tener que hacer cola para hacer un trámite o pagar impuestos. El estado podría adoptar una medida mucho más dinámica, para que, muchas de las gestiones que ahora requieren la presencia física, se puedan hacer de manera digital, pero para eso requiere una política adoptada por consenso. Cuando salió la ley, era solamente para el sector privado cuando lo más fácil de hacer era lo del sector público. Es una contradicción. Tal vez porque hubo apuro por sacarla y también, porque el grado de conciencia en el movimiento sindical sobre el tema es todavía escaso. Me surge una reflexión: es importante el contacto que tiene que haber entre el movimiento sindical y el medio académico: universidades, centros del CONICET. Eso enriquecería a ambos y los proyectos de ley podrían ser mucho más realistas, más completos y menos vulnerables. Es decir, no dejar temas sin abordar. De modo que, para mí, vamos hacía un régimen más bien mixto y eso va a depender de la política que se adopte, sobre todo en el sector público.
¿Qué riesgos psicosociales podrían aumentar con el teletrabajo en estas condiciones en las que estamos?
El teletrabajo implica para los trabajadores más horas frente a la pantalla y todas las investigaciones que hemos hecho dicen que todos trabajamos más horas ahora que antes (se los digo yo como docente e investigador). Básicamente, trabajamos muchas más horas que antes y no todas esas horas son consideradas horas extras. No sé si tienen algún colega docente, yo les puedo hablar de los universitarios. No solamente aumentó la duración, sino que nos quedamos a disposición de los estudiantes y de la administración y en cualquier día y horario nos llega un mensaje de un estudiante haciendo preguntas o explicando que no pudo mandar su trabajo. De modo que trabajamos más horas y, como trabajamos más horas, eso puede generar como una adicción, como a los chicos que nos cuesta sacarlos de la tele. Estamos tanto tiempo mirando la pantalla y parpadeamos mucho menos tiempo, eso es el síntoma de una enfermedad que es el ojo seco. Al no parpadear, porque estamos con los ojos fijos en la pantalla, no se lubrica la retina y entonces terminamos con los ojos rojos y dolor de cabeza. Eso es una consecuencia necesaria, si no se modifica el tema la duración de la jornada. Por eso, está muy bien que la ley prevea el derecho a la desconexión, pero los trabajadores somos responsables y queremos terminar bien nuestro trabajo. De modo que, aun cuando se cumple la jornada, seguimos haciendo una actividad porque queremos hacer un trabajo de calidad. El otro riesgo que ya es una pandemia, es el de los trastornos músculo esqueléticos, porque no todos los trabajadores tienen una silla ergonómica y una mesa que se pueda ajustar, a veces la pantalla está mal colocada y hay reflejos porque se la pone frente a un ventanal sin protección de una cortina. Yo pienso que el tema de los trastornos músculo esqueléticos es una pandemia y que muchos trabajadores – no manuales-, sino intelectuales o de oficina, tienen problemas en la columna y eso se debe a que las sillas sobre las cuales se trabaja tantas horas no son ergonómicas. Esos son los riesgos más graves que yo veo en esta expansión del uso del teletrabajo.
Esta realidad del mercado de trabajo, con mayor informalidad y avance de la tecnología, ¿puede impactar negativamente en la representación sindical? ¿Puede aumentar el trabajo no registrado y profundizar aún más la crisis económica si no se toman medidas como las que enumeraba recién?
Creo que en eso hay una falta de conciencia, porque esa segmentación y división entre el movimiento obrero y el mundo académico viene de largo tiempo. Acuérdense de todas las consigas como “alpargatas sí; libros no”, todas esas cosas que quedaron en el imaginario colectivo argentino. Lo que pienso es que Argentina está viviendo una situación de estancamiento y crisis desde comienzos de la década pasada, podemos fechar en el año 2011. A partir de esa fecha, el empleo privado en Argentina no crece. Crece la población, hay un crecimiento demográfico, pero el empleo privado registrado quedó alrededor de los 6 millones de personas y eso no se modifica. ¿Qué es lo que creció? Crecieron los monotributistas, autónomos, monotributistas sociales y todas las personas que están contratadas y que es un asalariado disfrazado. El empresario para ahorrarse el salario indirecto, es decir la cotización para la seguridad social, obras sociales, ART, etc., prefiere contratar bajo esa modalidad a los trabajadores. Eso hace que ya desde esa época el trabajo no registrado, vulgarmente llamado “trabajo en negro”, creció. En nuestros días, más del 35% no son asalariados. Es decir, 4 millones 500 mil personas no tienen un recibo de sueldo, no tienen aporte a la seguridad social, obra social y al sindicato tampoco, porque no se los considera asalariados. Y no siempre los sindicatos se ocupan de esos trabajadores. Los delegados sindicales saben muy bien quienes están en negro en la empresa u organización, pero de ahí a que se resuelva la situación hay un trecho muy largo. A mí me parece que estamos en una situación caótica, y yo hice una cuenta el otro día. Para mi, un verdadero empleo comprende un contrato por tiempo indeterminado con garantías de estabilidad. Un contrato a tiempo parcial, no es un verdadero empleo, un contrato temporario no es un verdadero empleo, porque no tiene la garantía de la estabilidad y de la protección social. Me parece a mí que eso es algo grave. Y no basta con prohibir los despidos o poner una doble indemnización. Esa legislación frena de alguna manera los despidos pero no genera empleo. Entonces, la cuestión es adoptar una política económica donde el objetivo no sea solamente el crecimiento económico; sino también la generación de empleos y de empleos dignos. Lo que la OIT llama trabajo decente (es una mala traducción, porque no hay trabajo indecente, el trabajo puede ser digno o indigno). El mercado en el capitalismo no quiere crear empleo, porque al mercado le conviene que haya un ejército industrial de reserva, que haya una tasa de desempleo elevada, porque eso genera miedo en la gente, y hace que se falte menos o haya menos conflictos por el miedo al despido. Es un problema grave que requiere una verdadera política nacional de empleo vinculada con el crecimiento económico y con la planificación económica. El mercado no va a resolver el problema del desempleo, porque en el capitalismo el desempleo juega un papel importante. Presiona hacia abajo la tasa de salario y desalienta los conflictos laborales porque básicamente la gente tiene miedo a los despidos.
¿Cómo ve la irrupción de los movimientos sociales en la disputa por la representación de los trabajadores informales? ¿Cuáles serían los desafíos del sindicalismo de cara a esa nueva realidad?
Puede ser distinta la respuesta según el lugar desde donde surge la respuesta. Son temas que me interesaría saber qué es lo que piensan las organizaciones sindicales. Desde mi punto de vista como investigador, creo que el tema de los movimientos sociales en Argentina es muy diferente al resto de América Latina. Primero, por la magnitud, y, segundo, porque es una manifestación de los desequilibrios del mercado de trabajo. Son trabajadores que viven en situación casi de subsistencia: viven de un plan social, de la tarjeta alimentaria o de ollas populares que se organizan, reivindican y hay entre ellos una diversidad de organizaciones. Están los movimientos sociales afines al gobierno que, de alguna manera, juegan un papel de contención, y también están los movimientos sociales de izquierda. Pero ambos cuando se movilizan para hacerse visibles y negociar con más fuerza ante las autoridades, generan reacciones. Ahora bien, no son trabajadores asalariados y eso me parece importante. Para ingresar con pleno derecho en la CGT necesitan otra definición jurídica, porque al no ser asalariados según la ley actual no pueden conformar un sindicato. Es un movimiento social de trabajadores pobres que no tiene la garantía de la protección social, ni del derecho del trabajo. Pero para mí, lo más importante es que la CGT y las centrales sindicales tienen que tomar conciencia de que esto es un reflejo de la crisis económica que atraviesa Argentina desde hace mucho tiempo. Si hay estos movimientos sociales es porque hay trabajadores pobres que no son asalariados, no tienen un empleo estable y que sobreviven gracias a la ayuda estatal, a la solidaridad de las familias y a trabajos estacionales. Eso es algo que requiere una política, porque eso no lo va a arreglar el mercado. Requiere una política y requeriría también una colaboración por parte de la CGT. Lo más importante es la política de empleo junto con la formación profesional, porque son trabajadores que hace décadas que no tienen un empleo formal -en una empresa o fábrica- y han perdido sus calificaciones profesionales. De modo que, para poder incorporarse a un empleo estable, necesitan un proceso de formación o reconversión profesional. De vuelta: si no hay un plan nacional de desarrollo con inversiones para generar nuevas empresas o ampliar las existentes, no hay una política de empleo, y esto no se vincula con una vigorosa política de formación profesional, eso no tiene arreglo. Desde el punto de vista de la educación en Argentina, tenemos un problema. Los docentes de la escuela pública están desmotivados porque los salarios son bajos, las posibilidades de promoción son muy estrechas y aparte los desmotiva el resultado escolar. El impacto que tienen los sistema tipo PISA de evaluación de conocimientos de los alumnos, se hace a nivel mundial (son 50/60 países) y se hace 1 vez al año. Cuando salen los indicadores Argentina está en la cola, en cuanto a matemática, física, castellano, idiomas. Los que más sufren son los hijos de los trabajadores de esta economía social y solidaria o de los movimientos sociales, que no tienen otras alternativas. Entonces, si la escuela pública no mejora su rendimiento, no se mejoran los salarios de los docentes, no se los motiva para que mejore la calidad de la enseñanza, no se les da cursos de actualización para modificar su sistema de enseñanza, quienes asisten a esos establecimientos tienen menos posibilidades. Hay un cambio generacional, los chicos son diferentes y con los métodos tradicionales no los van a entusiasmar. Ese chico va a abandonar la escuela y no va a encontrar con los sistemas tradicionales de enseñanza un estímulo para estudiar. Ya sabemos que la cantidad de chicos que salieron del sistema educativo son millones. No estudian, no trabajan y tampoco buscan trabajo, porque no tienen las calificaciones profesionales para pasar el examen de admisión en una empresa. Ese es otro drama, y tiene que haber otra política porque así vamos mal. Son desafíos que el movimiento sindical tendría que analizar y promover cambios en las políticas, para que se encuentre una solución -que nunca va a ser definitiva- pero que ponga freno a este deterioro. Es necesario no abandonar la unidad sindical porque el capitalismo está muy satisfecho cuando el sindicalismo está dividido. El desafío es lograr la pluralidad dentro de la unidad, fortalecer la renovación del liderazgo con mayor presencia de las mujeres y de los jóvenes y ampliar la democracia dentro de los sindicatos. Eso es muy importante.