Por Carolina Mercado
Socióloga. Delegada Gral. Adjunta Junta Interna Ambiente Nación
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado más cruento y feroz de nuestra historia, que abrió paso a la última dictadura cívico militar en el país. Su plan económico neoliberal, que contó con el apoyo y flujo de créditos del FMI a tan sólo días del golpe, fue de la mano de un plan de represión y exterminio que se sostuvo en la violación sistemática de los derechos humanos.
A 47 años de aquel golpe de Estado, luego de atravesar un camino de lucha y conquista colectiva (con tensiones, disputas y victorias), actualmente los derechos humanos constituyen una política de Estado que fue construyéndose a partir de la acción de organismos de DDHH, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, el movimiento obrero organizado y gobiernos populares como el de Néstor Kirchner qu afianzaron y defendieron la democracia a partir de la memoria, la verdad y la justicia: cuidó la democracia de todos y todas cuando impulsó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003 y terminó de pagar la deuda al FMI unos años después.
Con Cristina Fernández de Kirchner vino casi una década de ampliación de derechos para mujeres, diversidades sexuales, jóvenes, trabajadores y trabajadoras y adultos mayores. Se consolidó la democracia con desendeudamiento y con el “empoderamiento popular, ciudadano, el empoderamiento de las libertades y de los derechos.”
Luego, la defensa de los derechos humanos se disputó en las calles cuando se intentó avasallarlos con políticas de impunidad, retroceso y ajustes. La fuerza del campo popular se tradujo en una ofensiva desde abajo que resistió a los embates más profundos.
En el escenario contemporáneo de fortalecimiento y ampliación de derechos, es indispensable poner en valor la interdependencia de los derechos humanos y su transversalidad a la hora de discutir, planificar y llevar adelante todas las políticas públicas. La inclusión de un enfoque de derechos humanos en las acciones del Estado no es una opción sino un elemento central que debe marcar la agenda pública de gobierno y el marco cognitivo desde el cual se elaboran sus acciones, en articulación también con otros actores políticos y sociales.
Las políticas ambientales y de desarrollo no pueden escindirse de un enfoque de derechos que reconozca la interdependencia de los derechos ambientales, sociales económicos y culturales. No hay ambiente sano si se vulnera el derecho a la vida, se atropellan las libertades o se quebranta la democracia. No hay camino a un desarrollo sostenible si no se transita desde un Estado presente y comprometido con la ampliación de derechos, la justicia social y la defensa de la democracia.
El derecho humano a un ambiente sano es un derecho constitucional que además goza de protección por su recepción en instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos en la Constitución Nacional a partir de la reforma en 1994 (Artículo 41) , como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y el deber de los Estados de adoptar medidas apropiadas para asegurar este derecho mediante la utilización más eficaz de los recursos naturales.
Esta protección legal se vio fortalecida recientemente por la decisión del gobierno actual, de ratificar el Acuerdo Escazú, sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas que equiparan los derechos humanos con los derechos ambientales.
El reconocimiento de la cuestión ambiental como tema transversal en todos los espacios de elaboración de políticas públicas a partir de la sanción en el 2020 de la Ley 27.592, más conocida como Ley Yolanda, potencia aún más la necesaria interrelación de la protección del ambiente, la defensa y garantía de los derechos humanos y la promoción de un desarrollo con inclusión social, justo y soberano.
Los desafíos de la época son que el debate ambiental no quede en manos de especialistas o académicos, si no que se masifique de forma tal que se garantice un ejercicio efectivo de toda esta normativa en un marco nacional y regional. Creemos que a nivel internacional la discusión del canje de deuda por aporte ambiental es fundamental ya que evidencia las inequidades entre países y al mismo tiempo pone de relieve las responsabilidades diferenciales.
En nuestra patria, que conserva aún hoy una alta tasa de sindicalización, poder afianzar la premisa que la gestión del uso de los bienes naturales y culturales, la complejidad de los problemas ambientales, y las relaciones de poder que atraviesan todos estos espacios; trascienden acciones aisladas y nos convocan a transformar realidades y experiencias a partir de una visión integral y de derechos. Las y los trabajadores somos quienes día a día más sufrimos las consecuencias del cambio climático y de la disociación entre la esfera de los derechos humanos y los ambientales. Somos estratégicos a la hora de que se puedan aplicar políticas públicas que apunten a procesos de mejoras en la calidad de vida de millones de personas y por eso, queremos el lugar que nos corresponde. Sólo así habrá justicia social y justicia ambiental.