«Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente
en las ciudades jardines del futuro».
Juan Domingo Perón,
Mensaje Ambiental a los Pueblos
y Gobiernos del Mundo (1972)
Por Carolina Mercado
Socióloga. Delegada Gral. Adjunta ATE MAYDS – Nación
Integrante del Área Ambiental de la FGA
La lucha contra la violencia de género y la protección del ambiente son dos acciones inescindibles para alcanzar, desde el campo nacional, popular, democrático y feminista, un desarrollo sostenible con justicia social y de género. No hay modo de abordar la cuestión ambiental sino es desde un enfoque de derechos humanos que posibilite la articulación necesaria entre ambiente y géneros. En un escenario atravesado por notables transformaciones en las relaciones de género, donde la fuerza del movimiento amplio de mujeres y diversidades interpela al Estado e incide en sus marcos cognitivos, se pone en valor la planificación estatal con perspectiva de género. Asimismo, el vínculo entre la cuestión ambiental y los asuntos socioeconómicos congrega a aunar las dimensiones humana y ambiental del desarrollo. La articulación de estas dos cuestiones en las políticas públicas cobra singular relevancia con la sanción de dos leyes: la Ley Micaela (Ley 27.499/09) y la Ley Yolanda (27592/20).
El derecho de todas y todos a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano -como consagra la Constitución Nacional- está íntimamente vinculado a la igualdad de géneros. El uso y acceso de los bienes naturales y culturales está condicionado por las relaciones de poder entre varones, mujeres y diversidades sexuales que se van construyendo según el contexto histórico. Así, la comprensión de los espacios naturales y socioculturales que habitamos es incompleta si dejamos fuera de la agenda ambiental, esas relaciones sociales -de poder- que los atraviesan.
La violencia de género, la máxima y cruel expresión de la desigualdad de género, constituye un problema social que afecta los derechos humanos de las mujeres, diversidades sexuales y consecuentemente, el bienestar y desarrollo igualitario de los pueblos; es la peor manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, inscriptas en un marco de dominación y brechas de género. En nuestro país, la Ley 26.485/09 -sancionada en un contexto de preeminencia de los derechos humanos en las políticas de Estado- reconoce este sometimiento al hacer explícito el propósito de promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres (artículo 2 inciso a y e). En otras palabras, la Ley 26.485/09 consigna un cambio cualitativo al comprender la violencia desde una perspectiva de género que posibilita instalar el problema como un asunto de Estado, multidimensional, que politiza las relaciones sociales de género y está presente en todos los espacios, entre ellos el ambiental.
En un contexto de visibilidad creciente de los derechos de las mujeres y diversidades, donde el protagonismo de movimientos y colectivos de lucha se conjuga con instancias políticas de transformación, resulta esencial comprender el componente humano y social que integra el ambiente como sistema complejo de interrelaciones. La complejidad que encierra el ambiente como un sistema interrelacionado de recursos y relaciones que trasciende espacios sectoriales, conlleva situarse en un espacio de confluencia y discusión de diferentes intereses y dimensiones. Los problemas ambientales requieren la consideración de una visión integral de la realidad que permita visibilizar las relaciones de género asimétricas que condicionan el acceso y uso de los bienes naturales y culturales, así como también poner en discusión cuotas de poder y autonomía para hacer más equitativas e igualitarias esas relaciones.
En este sentido, la articulación de ambiente y géneros, y el diálogo entre distintos actores y actoras sociales -aun con tensiones- es indispensable para transitar hacia un desarrollo sostenible que necesariamente debe integrar aspectos sociales, económicos y ecológicos de una sociedad. Un desarrollo que considere transversalmente el cuidado del ambiente y sus recursos, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.
Así como el derecho a una vida libre de violencias excluye todas las formas y prácticas de discriminación ancladas en relaciones de poder asimétricas entre los géneros; el derecho a vivir en un ambiente sano nos incluye a todas y todos en un marco de equidad, igualdad y buen vivir.
En tiempos de cambios en el orden de género machista y patriarcal, por un lado, y de creciente relevancia de la agenda ambiental en los procesos productivos y de desarrollo por otro, se destaca entonces la sanción de dos leyes que aluden a la importancia del diálogo necesario entre ambiente y género Ley Micaela y la Ley Yolanda. Ambas con igual carácter transversal y espíritu de formación para todas las personas que integramos los niveles del Estado, dan cuenta del alcance que tienen la cuestión de género y la temática ambiental y de desarrollo sostenible en la formulación e implementación de todas las acciones que lleva adelante el Estado. Ambas, invitan a romper el enfoque sectorial de ciertas prácticas de planificación y aportan en sinergia, un enfoque integral de políticas intersectoriales que puedan discutirse desde una perspectiva de género y una perspectiva ambiental y de desarrollo.
La fuerza del movimiento amplio de mujeres y diversidades, las y los trabajadores organizados, y otros colectivos, a partir de las experiencias de luchas y conquistas, tenemos la capacidad de incidir hondamente en los marcos cognitivos desde los cuales el Estado construye y lleva adelante esas políticas. No hay neutralidad a la hora de planificar políticas de Estado. La voluntad y prioridad que fije cada acción pública, para cambiar y transformar la realidad, se constituye desde una visión política desde la cual se busca dar respuesta a las necesidades e intereses de la agenda pública y de gobierno. Y esa visión, se construye y configura desde un Estado presente y comprometido con la ampliación de derechos, la justicia social y de género, y en diálogo –aun con disputas- con actoras y actores del campo nacional, popular y feminista.